Una extraña sensación atraviesa por estas horas a buena parte de la cúpula del gobierno argentino ante el caso de pedido de extradición a Rusia del funcionario iraní Ali Akbar Velayati, implicado en el atentado a la AMIA: creen que la administración de Vladimir Putin no accederá al reclamo de la justicia argentina y, en ese caso, el gobierno de Mauricio Macri estaría dispuesto a elevar una queja a Moscú.
Velayati, asesor del líder supremo el ayatolá Alí Khamenei, se reunió este jueves con Putin para aclarar la posición de Teherán luego de la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear, con la intención de recibir un respaldo de Rusia.
Durante las últimas 36 horas, la Cancillería argentina, a cargo de Jorge Faurie, y el embajador en Rusia, Ricardo Lagorio, realizaron gestiones y consultas con la diplomacia rusa para dar viabilidad al exhorto que envió el juez Rodolfo Canicoba Corral para reclamar la detención y extradición de Velayati.
«Hasta ahora no hubo respuestas del Kremlin y solo recibimos evasivas burocráticas», confió a Infobae un encumbrado funcionario de la Cancillería.
De esta manera, en el gobierno la impresión generalizada que existe es que la administración de Putin dilatará el tema hasta que Velayati se vaya –mañana al mediodía– de Rusia.
Hay una simple justificación de la diplomacia internacional que explican en la Cancillería ante este desánimo: creen que Rusia no se va a enfrentar con uno de sus mayores aliados en Medio Oriente como es Irán por la detención de un funcionario iraní, que además es el asesor del supremo referente político y religioso de Teherán.
Hasta ahora se supo que Macri no activó su vínculo con Putin para lograr la extradición de Velayati. Si bien el presidente argentino tiene una muy buena relación con su par ruso, en el gobierno negaron hasta ahora que haya existido un llamado entre ambos por este «delicado y complejo tema», como graficó una fuente diplomática.
No obstante, funcionarios de alta jerarquía de la Cancillería y del Ministerio de Justicia admitieron ante Infobae que el gobierno de Putin no debería negarse a detener y extraditar a Velayati ya que existe un tratado de extradición suscripto entre ambos países que fue aprobado el mes pasado por el Parlamento argentino y el artículo 1 dice taxativamente las obligaciones asumidas por Rusia y la Argentina.
«Las Partes se obligan, conforme a las disposiciones del presente Tratado, a entregarse recíprocamente, por una solicitud, a las personas que se encontraren en territorio de una de las Partes, para ser sometidas a un proceso penal o para la ejecución de una pena, por la comisión de un delito que dé lugar a la extradición», dice el acuerdo bilateral que fue firmado por Putin y Cristina Kirchner en julio de 2014 y el mes pasado fue avalado plenamente por el Congreso argentino.
En este sentido, en el gobierno advierten que ante una negativa de Moscú a cumplir con este tratado se podrá presentar una queja diplomática formal ante Rusia. Esta situación generaría un foco de tensión con Moscú que hasta ahora no existe.
Velayati era ministro de Relaciones Exteriores de Irán cuando ocurrió el ataque terrorista –ocupó el cargo entre 1981 y 1997– y está acusado de haber participado de la reunión que se celebró el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad en la que se decidió el ataque.
No es la primera vez que Velayati sale de Irán. El año pasado estuvo en Singapur, Malasia y Líbano. Pero a pesar de las quejas que presentó en ese entonces el gobierno argentino, el funcionario iraní no pudo ser detenido. Sobre él pesa un pedido de captura nacional e internacional desde noviembre de 2006 aunque no rige una «alerta roja» de Interpol, lo que impide una detención automática.
Después de dejar Rusia –el viernes por la tarde– Velayati se trasladará a China para emitir allí el mismo mensaje de alineamiento al acuerdo nuclear que Estados Unidos abandonó. Pero para la justicia y el gobierno argentino la estadía del funcionario iraní en Beijing carecerá del efecto que tiene en Moscú: es que la Argentina y China no han sellado aún tratado de extradición alguno.
INFOBAE